El deterioro cognitivo no siempre es visible a simple vista. En un procedimiento judicial, no basta con que un familiar o médico describa que la persona «estaba mal»: es necesario acreditarlo con evidencia objetiva, cuantificada y científicamente defendible.
La evaluación neuropsicológica forense hace exactamente eso. Mide el estado de las principales funciones cognitivas —memoria, atención, juicio, funciones ejecutivas— y establece conclusiones periciales concretas sobre su impacto en la capacidad de la persona para tomar decisiones, gestionar su patrimonio o desarrollar su actividad laboral.
Un informe bien fundamentado permite al letrado sostener su argumentación con base científica y contar con un especialista que lo ratifique en sala si es necesario.
Si necesitas acreditar deterioro cognitivo en un procedimiento judicial, puedes contactar para valorar tu caso.
